Antonio Angulo
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La especulación inmobiliaria, la gentrificación y el desplazamiento de la clase trabajadora amenazan con transformar el derecho a la vivienda en un lujo reservado para quienes tienen mayor poder adquisitivo.
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Hay una contradicción profunda en el modelo económico contemporáneo: millones de personas trabajan durante décadas, producen riqueza, pagan impuestos y contribuyen al crecimiento de sus ciudades, pero cada año se encuentran más lejos de adquirir una vivienda propia.
La casa, que durante generaciones representó estabilidad familiar, patrimonio y seguridad para la vejez, se ha convertido progresivamente en un instrumento de inversión financiera. Ya no se construye únicamente para habitar: también se compra para especular, acumular propiedades, obtener rentas y esperar que el valor del suelo aumente.
En ese proceso, el trabajador promedio enfrenta una competencia desigual frente a inversionistas, desarrolladores inmobiliarios y compradores con ingresos considerablemente superiores a los salarios locales.
México es uno de los escenarios donde esta contradicción resulta especialmente visible. Sin embargo, no es un fenómeno exclusivamente mexicano. España y Canadá también enfrentan graves problemas de acceso a la vivienda, encarecimiento de los alquileres y desplazamiento de comunidades.
La pregunta fundamental ya no es solamente cuánto cuesta una casa, sino para quién están siendo construidas nuestras ciudades.
I. Veinte años de encarecimiento: cuando trabajar dejó de garantizar una vivienda
Durante buena parte de las últimas dos décadas, el mercado inmobiliario mexicano experimentó un encarecimiento considerable. La especulación con el suelo urbano, la creciente demanda en determinadas ciudades, la insuficiencia de vivienda asequible y el costo del financiamiento han contribuido a ampliar la distancia entre los precios y los ingresos de muchas familias.
Según la Sociedad Hipotecaria Federal, tan solo en 2025 los precios de las viviendas adquiridas mediante crédito hipotecario aumentaron 8.7 % a nivel nacional. El valor promedio de avalúo llegó a 1 millón 863 mil 965 pesos, mientras que la mediana se ubicó en 1 millón 209 mil 189 pesos. Estos datos describen el mercado hipotecario, no la totalidad de inmuebles del país.
El contraste con los ingresos de los hogares resulta revelador. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 del INEGI registró un ingreso corriente promedio mensual de 25 mil 955 pesos por hogar. Una propiedad de 1.86 millones de pesos equivale a casi seis años de ese ingreso promedio íntegro, sin gastar un solo peso en alimentación, transporte, salud, educación ni impuestos. No es un cálculo de elegibilidad hipotecaria, sino una comparación que ilustra la dimensión económica del problema.
Es importante reconocer que México ha registrado una recuperación significativa del salario mínimo desde 2018. En 2026, el salario mínimo general alcanzó aproximadamente 9 mil 582 pesos mensuales. Pero recuperar poder de compra para productos básicos no significa necesariamente recuperar la capacidad de adquirir una vivienda.
El acceso a una casa depende también del precio del suelo, las tasas de interés, el enganche, la estabilidad laboral y la disponibilidad de inmuebles cerca del empleo. Una ciudad puede incrementar su riqueza inmobiliaria mientras disminuyen las posibilidades de que sus propios trabajadores construyan un patrimonio.
Cuando los precios crecen sistemáticamente más rápido que la capacidad económica de quienes necesitan habitar las propiedades, la vivienda corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de concentración patrimonial.
II. Gentrificación: cuando una ciudad prospera, pero expulsa a sus habitantes
La gentrificación suele presentarse como una consecuencia inevitable de la modernización urbana. Llegan nuevos negocios, se rehabilitan edificios y determinadas colonias adquieren una nueva imagen. Pero detrás de esa transformación existe una pregunta que pocas veces ocupa el centro del debate: ¿qué sucede con quienes vivían ahí antes?
En zonas de la Ciudad de México, como Roma y Condesa, el crecimiento del turismo internacional, la llegada de personas con ingresos obtenidos en el extranjero y la expansión de los alquileres temporales han transformado parte del mercado habitacional.
El problema no es que una persona extranjera decida vivir en México. La migración es un fenómeno histórico, legítimo y profundamente humano. Millones de mexicanos también han emigrado buscando mejores condiciones de vida. El conflicto aparece cuando un mercado insuficientemente regulado convierte las diferencias de ingresos en desplazamiento social.
Un ciudadano estadounidense o canadiense que recibe su jubilación o trabaja a distancia con ingresos en dólares puede tener una capacidad de compra superior a la de numerosos trabajadores mexicanos. Eso no significa que todos los extranjeros sean ricos ni que todos los mexicanos carezcan de recursos; significa que existe una asimetría que puede influir en los precios de ciertas zonas.
Cuando una propiedad comienza a comercializarse pensando en el presupuesto de un comprador internacional y no en los ingresos locales, se produce una desconexión entre el valor inmobiliario y la economía cotidiana.
Las consecuencias rebasan el ámbito habitacional: familias que no pueden renovar contratos, comercios tradicionales que no resisten aumentos de alquiler y jóvenes obligados a establecerse lejos de su trabajo. La ciudad se embellece, pero puede volverse más excluyente.
Quienes limpian las calles, atienden restaurantes, conducen el transporte, enseñan en escuelas y sostienen los servicios urbanos terminan desplazados hacia la periferia de la misma ciudad que mantienen funcionando.
III. San Miguel de Allende: ¿una ciudad mexicana cada vez menos accesible para los mexicanos?
San Miguel de Allende, Guanajuato, representa uno de los ejemplos más estudiados de gentrificación transnacional en México. Su arquitectura, patrimonio histórico y oferta cultural lo han convertido en un destino atractivo para estadounidenses y canadienses, incluidos jubilados que encuentran un costo de vida relativamente accesible frente al de algunas ciudades de sus países.
El investigador David Navarrete Escobedo, de la Universidad de Guanajuato, ha documentado cómo la migración por estilo de vida, el turismo de lujo y las inversiones inmobiliarias han transformado el centro histórico. En un estudio se recogen estimaciones de agentes inmobiliarios locales según las cuales alrededor de 60 % de los compradores del mercado examinado eran estadounidenses y 25 % mexicanos. Se trata de estimaciones contextualizadas, no de un censo oficial de todas las transacciones de 2026.
Otra investigación académica publicada por la UNAM identificó procesos de apropiación turística y transnacional de inmuebles patrimoniales, escasez de vivienda asequible para residencia permanente y segregación urbana.
No sería correcto afirmar que San Miguel de Allende es literalmente un municipio sin mexicanos. La frase «México sin mexicanos» debe comprenderse, en todo caso, como una metáfora crítica de la pérdida de acceso y pertenencia en algunas zonas históricas.
El desplazamiento no siempre implica un desalojo directo. También ocurre cuando una familia descubre que sus hijos ya no pueden establecerse en el barrio de sus abuelos, o cuando un inmueble se convierte en alojamiento temporal porque produce mayores rentas que su arrendamiento residencial.
¿Qué sentido tiene preservar una ciudad histórica si las comunidades que le dieron vida pierden progresivamente la posibilidad de habitarla?
IV. México, España y Canadá: una crisis internacional con distintos rostros
El encarecimiento de la vivienda no es exclusivo de México ni puede explicarse solamente por la migración extranjera. Canadá, pese a contar con salarios superiores, también presenta severas dificultades de acceso a la vivienda en sus principales centros urbanos.
La Canada Mortgage and Housing Corporation ha advertido que, para recuperar niveles anteriores de asequibilidad, el país necesita elevar considerablemente su ritmo de construcción durante la próxima década. El desafío no es solo el precio de compra: también es la presión sobre los alquileres.
España exhibe una combinación de escasez de vivienda en mercados tensionados, presión turística, concentración de oportunidades laborales y dificultades para que jóvenes y trabajadores puedan independizarse. El Banco de España ha estudiado los desequilibrios persistentes entre oferta y demanda.
Los mecanismos varían entre países: suelo, regulación, costos de construcción, financiamiento, empleo, turismo y crecimiento demográfico. Pero la contradicción se repite: el valor de una propiedad puede aumentar mientras disminuye la posibilidad real de adquirirla con un salario.
No toda inversión inmobiliaria es especulativa ni toda construcción privada provoca desplazamiento. La especulación agrava el problema cuando adquirir un inmueble para obtener plusvalías futuras resulta más atractivo que atender la necesidad de vivienda permanente.
El capital puede cruzar fronteras con facilidad. El trabajador depende, en cambio, de ingresos locales, vínculos comunitarios y la necesidad de vivir cerca de su fuente de empleo. En esa asimetría se encuentra una parte fundamental del conflicto contemporáneo.
V. ¿Qué deben hacer los gobiernos? De la vivienda como negocio a la vivienda como derecho
El artículo cuarto de la Constitución mexicana reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda adecuada. Sin embargo, consagrar ese derecho no basta para que las familias puedan ejercerlo. La solución exige políticas sostenidas, medibles y coordinadas entre los distintos niveles de gobierno.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha planteado una meta de 1.8 millones de viviendas mediante Vivienda para el Bienestar. Su éxito deberá evaluarse no solo por el número de unidades, sino también por sus precios, ubicación, calidad constructiva, transporte y acceso efectivo para familias trabajadoras.
Primero: ampliar la vivienda pública y social bien localizada. Son necesarias construcción directa, cooperativas, alquiler social y financiamiento accesible. Una vivienda barata situada a tres horas del centro laboral también impone enormes costos.
Segundo: combatir el acaparamiento y la especulación con mecanismos fiscales proporcionados para suelo urbano persistentemente ocioso, registros inmobiliarios transparentes e incentivos para poner vivienda desocupada en uso. Hay que proteger a pequeños propietarios y evitar generalizaciones.
Tercero: regular los alquileres y proteger a los inquilinos mediante contratos claros, mediación, límites razonables a aumentos abusivos y salvaguardas frente a desalojos injustificados. Estas reglas deben acompañarse de nueva oferta de vivienda para evitar efectos adversos.
Cuarto: ordenar el alojamiento turístico con registros, supervisión y reglas diferenciadas en barrios tensionados. No se trata de prohibir el turismo, sino de impedir que la función residencial de la ciudad desaparezca.
Quinto: relacionar salarios y política habitacional. Una mejora salarial sin más vivienda accesible puede ser insuficiente; se requieren créditos sostenibles y alternativas para personas en la informalidad.
Sexto: incorporar a las comunidades en las decisiones urbanas. Los vecinos, arrendatarios, comerciantes y organizaciones sociales deben intervenir en las políticas que determinarán el futuro de sus colonias.
En julio de 2025, la Ciudad de México anunció el Bando 1 con medidas destinadas a combatir la gentrificación y promover una ciudad más habitable y asequible. Pero anunciar una política es distinto de demostrar sus resultados: ¿cuántas familias pudieron quedarse?, ¿cuántos trabajadores pudieron comprar?, ¿qué porcentaje del ingreso se destina al alquiler?
VI. El riesgo social de una generación sin patrimonio
La crisis habitacional tiene también una dimensión política. Durante décadas, comprar una casa representó una expectativa de movilidad social: estudiar, trabajar, ahorrar y formar un patrimonio. Cuando esa perspectiva desaparece, se deteriora la confianza en las instituciones económicas y políticas.
Cuando el alquiler consume una parte excesiva del salario, las familias reducen gastos esenciales, posponen decisiones, comparten vivienda en condiciones precarias o se trasladan lejos de sus centros de trabajo. La desigualdad habitacional afecta la salud, el tiempo, la educación y la posibilidad de construir un proyecto de vida.
Las desigualdades persistentes pueden alimentar movilizaciones y conflictividad. No significa que México enfrente inevitablemente un estallido social, pero tampoco sería responsable ignorar el descontento de comunidades desplazadas.
La respuesta no debe convertir a los extranjeros en enemigos colectivos. La discusión central es sobre regulación del mercado, distribución de oportunidades y responsabilidad pública. Culpar individualmente a los migrantes sería tan equivocado como negar la influencia de las diferencias de poder adquisitivo en zonas determinadas.
VII. El derecho a permanecer: una discusión sobre el futuro de México
La vivienda no es solamente una propiedad inscrita ante notario. Es el espacio donde crecen las familias, se forman comunidades, se transmiten tradiciones y se construye buena parte de nuestra identidad.
Detrás de cada familia desplazada existe una historia. Detrás de cada barrio transformado hay redes de apoyo, memorias colectivas y formas de convivencia que no pueden reducirse al precio comercial de un metro cuadrado.
México necesita inversión, renovación urbana y turismo. Pero esos objetivos no deberían implicar que quienes trabajan para mantener vivas sus ciudades pierdan el derecho a habitarlas.
La solución no es detener toda transformación urbana, sino establecer reglas para que sus beneficios no se concentren en quienes ya poseen capital.
Quizá la gran pregunta de nuestro tiempo no sea cuánto vale una casa, sino cuánto vale para una sociedad garantizar que sus trabajadores tengan un hogar.
Una ciudad verdaderamente desarrollada no es aquella donde solamente pueden vivir los ricos. Es aquella donde quienes trabajan para hacerla funcionar también tienen derecho a quedarse.
Referencias para verificación editorial
- Sociedad Hipotecaria Federal. Índice SHF de Precios de la Vivienda en México, cuarto trimestre de 2025. gob.mx/shf
- INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), 2024. inegi.org.mx
- Navarrete Escobedo, David. Investigaciones sobre gentrificación transnacional, turismo y San Miguel de Allende. Revistas académicas de la Universidad de Guanajuato y afines.
- UNAM. Estudios académicos sobre gentrificación, turistificación y patrimonio urbano en San Miguel de Allende y Ciudad de México. • Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC). Informes sobre oferta y asequibilidad de vivienda. cmhc-schl.gc.ca
- Banco de España. Informes sobre el mercado de vivienda y los desequilibrios entre oferta y demanda. bde.es
- Gobierno de la Ciudad de México. Bando 1 por una Ciudad Habitable y Asequible, julio de 2025.
- Gobierno de México. Programa Vivienda para el Bienestar y metas de construcción habitacional.