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Las monarquías árabes del Medio Oriente ofrecen a sus ciudadanos una calidad de vida envidiable y generosos servicios sociales, pero detrás de esa prosperidad se esconde una profunda desigualdad, en la que la mayor parte de la riqueza permanece en manos de las familias gobernantes.
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Arabia Saudita, Kuwait, Catar y los Emiratos Árabes Unidos son conocidos en todo el mundo por su enorme riqueza petrolera. Son monarquías donde el poder se concentra en una sola familia, y donde el dinero del petróleo y el gas natural ha convertido a países relativamente pequeños en actores de peso en la economía global. El Medio Oriente, la región a la que pertenecen, produce alrededor del 30% del petróleo y el 17% del gas natural del mundo, según cifras de 2024. Pero esa riqueza está marcada por una fuerte desigualdad económica: la mayor parte queda en manos de las familias gobernantes, mientras buena parte de la población recibe mucho menos.
Estas monarquías forman parte de una región más amplia conocida como el mundo árabe, que abarca tanto el Medio Oriente como el Norte de África —países como Marruecos, Argelia o Egipto— unidos por el idioma y buena parte de su historia. Sin embargo, no todos los países árabes comparten la estabilidad de las monarquías petroleras: buena parte de ellos arrastra una fuerte inestabilidad social y económica, que en varios casos ha derivado en conflictos armados, como en Libia, Siria, Yemen y Sudán. Son guerras en las que numerosos grupos armados se disputan el poder, el territorio y el control de los recursos naturales.
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Los países monárquicos árabes viven en buena medida de la exportación de hidrocarburos, lo que las convierte en Estados rentistas: sus ingresos públicos no dependen de gravar la actividad de los ciudadanos, sino de la venta de petróleo y gas natural. Ese peso petrolero les da además influencia sobre el mercado internacional a través de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que coordina la producción y los precios entre los principales países exportadores. Arabia Saudita, el mayor productor del grupo, es uno de sus miembros más influyentes; la OPEP fue fundada en 1960 por Arabia Saudita, Venezuela, Irán, Irak y Kuwait.
Aun así, estas monarquías árabes destacan por sus grandes abusos contra los derechos humanos y por su poder absoluto como monarcas.
Una monarquía absoluta es un sistema de gobierno en el que el rey o monarca concentra todo el poder en sus manos. No comparte el mando con un parlamento electo ni está limitado por una constitución que le ponga frenos reales: él toma las decisiones de gobierno, dicta las leyes y tiene la última palabra. Se diferencia así de las monarquías constitucionales —como la española o la británica—, donde el rey cumple sobre todo un papel simbólico y quien gobierna de verdad es un parlamento elegido por los ciudadanos.
Arabia Saudita es el caso más claro de monarquía absoluta. El rey concentra los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; no hay constitución en el sentido occidental (el Corán y la ley islámica cumplen esa función), no hay parlamento electo con poder real, y los partidos políticos están prohibidos.
Catar suele clasificarse también como monarquía absoluta, aunque con un matiz: tiene una constitución (de 2003) y un Consejo de la Shura (una especie de parlamento consultivo), pero el emir mantiene el control efectivo sobre todas las decisiones de fondo —puede vetar leyes, nombra al gobierno y los espacios de participación son consultivos, no vinculantes—. Es absoluta en la práctica, con una fachada institucional algo mayor que la saudí.
Emiratos Árabes Unidos es el caso distinto del grupo, ya que no es una sola monarquía, sino una federación de siete emiratos, cada uno con su propio monarca (emir). El presidente del país surge de entre esos gobernantes —tradicionalmente el de Abu Dabi—. Así que, más que una «monarquía absoluta» en singular, es una federación de monarquías. Cada emirato funciona internamente de forma absolutista, pero el país en su conjunto no encaja del todo en una sola categoría.
Kuwait es el caso más distinto de los cuatro, y justamente por eso no suele clasificarse como monarquía absoluta, sino como monarquía semiconstitucional. Es uno de los matices más importantes de este panorama.
La diferencia está en que cuenta con un parlamento, y eso es precisamente lo que una monarquía absoluta no tiene. Kuwait tiene una Asamblea Nacional electa con poderes reales, no decorativos: puede legislar, cuestionar a los ministros e incluso forzar su salida, y históricamente ha bloqueado decisiones del gobierno. Es el órgano legislativo electo más antiguo y con más peso de las monarquías del Medio Oriente. El emir sigue siendo la figura dominante —nombra al primer ministro, puede disolver la Asamblea y suspender la vida parlamentaria, cosa que ha ocurrido varias veces—, pero existe una tensión real entre la corona y un órgano que de verdad le hace contrapeso.
Así que en el espectro quedaría más o menos así: Arabia Saudita en el extremo absolutista puro, Catar como absoluta con una fachada institucional mayor, EAU como federación de monarquías, y Kuwait como el caso más abierto, con un parlamento que limita —aunque sea parcialmente— el poder del emir.
En materia de derechos humanos, el panorama de estas monarquías es problemático, según organizaciones como Human Rights Watch. En su informe de 2026, la organización documenta dos problemas que se repiten en todos estos países: la represión de quienes critican al gobierno y el abuso hacia los trabajadores migrantes. En varias de estas monarquías, la mayoría de la población es extranjera, y buena parte de la economía de la región se sostiene sobre esos trabajadores migrantes; sin embargo, viven bajo el sistema kafala, que los ata legalmente a su empleador y los deja expuestos a abusos como el robo de salarios o la confiscación de sus pasaportes.
Arabia Saudita es el país monárquico más severo en materia de derechos humanos. En 2025 llevó a cabo un número sin precedentes de ejecuciones —al menos 322 personas, un récord histórico que incluyó a condenados por delitos cometidos siendo menores de edad—. Human Rights Watch advierte que el gobierno también ha usado la pena de muerte para silenciar a voces críticas, como la del periodista Turki al-Jasser, ejecutado ese mismo año. El método de ejecución habitual sigue siendo la decapitación con espada, una práctica que Arabia Saudita es de los pocos países del mundo en conservar, y que en muchos casos se ha llevado a cabo públicamente.
En Catar, el informe comprobó numerosos abusos laborales contra los trabajadores que construyeron la infraestructura del Mundial de 2022. La organización del torneo dejó miles de muertes de trabajadores migrantes de la construcción, causadas por las peligrosas condiciones laborales y sin investigar ni compensar, además de robo de salarios y cobros abusivos de reclutamiento. Los migrantes representan más del 90% de la población del país, y aunque hubo reformas antes del Mundial, su impacto fue limitado. El informe señala también discriminación contra las mujeres y las personas LGBT.
Emiratos Árabes Unidos, en cambio, ilustra la brecha entre la imagen que proyecta y su realidad interna: en 2025, un tribunal confirmó las condenas de 53 defensores de derechos humanos y disidentes en el segundo mayor juicio masivo de su historia. Para Human Rights Watch, esto contradice la estrategia del país de mejorar su reputación internacional, ya que, mientras organiza grandes eventos globales para proyectar una imagen moderna y abierta, impone fuertes restricciones a la libertad de expresión y vigila a sus críticos.
La gran mayoría de estas violaciones de derechos humanos en las monarquías de Medio Oriente está relacionada con el sistema de patrocinio laboral conocido como kafala. El sistema kafala es el régimen legal que regula a los trabajadores migrantes en varios países de Medio Oriente. Sin embargo, se le relaciona con esclavitud moderna debido a ciertas prácticas que tiene, como la confiscación de pasaportes, el endeudamiento previo por costos de reclutamiento y condiciones habitacionales precarias, lo que genera una relación de alta dependencia y vulnerabilidad estructural.
Muchos de estos trabajadores migrantes son originarios de países no desarrollados como India, Pakistán y Bangladesh, y terminan siendo colocados mayormente en empleos dentro del sector de la construcción. Estos sufren riesgos laborales como el calor extremo de estos países, que según diversa documentación ha provocado miles de muertes en estas monarquías. Esta práctica hace que la desigualdad salarial empeore aún más, dado que estos trabajadores padecen salarios precarios y no gozan de la riqueza petrolera que sí tienen los ciudadanos de ese país o los migrantes originarios de Europa o de países occidentales.
Esto también explica por qué, en muchas de estas monarquías árabes, la población está compuesta en gran medida por extranjeros. Los países con mayor población extranjera son Catar y los Emiratos Árabes Unidos, donde los migrantes rondan el 88% de la población —es decir, los ciudadanos locales son una pequeña minoría en su propio país—. Arabia Saudita es el país con menor proporción de población foránea, pero es porque es la monarquía árabe más poblada de Medio Oriente, con aproximadamente 35 millones de habitantes; aun así, su población extranjera ronda el 40% del total.
La riqueza de los reyes y jeques de estas monarquías de Medio Oriente suele basarse en estimaciones de cuánto dinero han obtenido de forma individual de los recursos públicos y de las empresas petroleras estatales de sus países. Estas paraestatales figuran entre las compañías más grandes del mundo por ingresos y valor de mercado, y al tratarse de monarquías absolutas con gran control sobre la renta petrolera, sus gobernantes pueden disponer de esos activos del Estado casi como si fueran propios.
La fortuna de una familia empresarial se mide de forma muy distinta a la de las familias gobernantes árabes. El patrimonio de un empresario o de una familia de negocios se mide por las acciones de su empresa, sus salarios y los ingresos que esta genera. En cambio, en muchas de las familias gobernantes árabes la fortuna personal se confunde con los recursos públicos, precisamente por su carácter de monarquías absolutas.
Esto las distingue también de las monarquías parlamentarias de Europa, donde los reyes cumplen un papel simbólico y su patrimonio se limita a propiedades inmobiliarias y a las compensaciones que reciben del Estado por su cargo. Por eso estas familias gobernantes árabes rara vez figuran en las grandes listas de fortunas, como las de Forbes o Bloomberg: su riqueza se confunde con la del propio Estado y resulta difícil de cuantificar.
Tomando esto en cuenta, esta es una de las razones por las cuales se considera que la familia Saud, familia gobernante de Arabia Saudita, es la familia más rica del mundo. Esta teoría viene mayormente por el gran tamaño de la petrolera estatal de Arabia Saudita, Saudi Aramco. Saudi Aramco es actualmente la petrolera más grande del mundo en cuanto a producción de petróleo crudo, con una producción de más de 9 millones de barriles de petróleo diarios y cerca de 1 millón de barriles de líquido de gas natural. Esto también la convierte en una de las compañías más rentables del mundo por utilidad neta, con una ganancia neta de 104.70 mil millones de dólares en 2025, haciéndola la tercera empresa más rentable del mundo por detrás de Google/Alphabet Inc. (132.17 mil millones de dólares) y Apple Inc. (112.01 mil millones de dólares). Asimismo, Saudi Aramco es una de las empresas más valiosas del mundo, con una capitalización bursátil de alrededor de 1,7 billones de dólares.
-La dinastía Saud, Arabia Saudita.
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Esta producción de Saudi Aramco sitúa a Arabia Saudita como el tercer productor de petróleo crudo en el mundo, por detrás de Estados Unidos y Rusia. Esto lleva a que la economía de Arabia Saudita siga dependiendo en gran medida del petróleo. El crudo representa cerca del 68% de sus exportaciones y más de la mitad de los ingresos del gobierno, lo que deja las finanzas del Estado muy expuestas a las subidas y bajadas del precio del barril. En los últimos años el país ha logrado diversificar parte de su economía —el sector no petrolero ya supera la mitad del PIB—, pero el dinero que sostiene al gobierno sigue saliendo, sobre todo, de los hidrocarburos. Esta es, de hecho, la paradoja de su plan de modernización: la estrategia para dejar de depender del petróleo se financia, por ahora, con petróleo.
Sin embargo, esta gran producción de hidrocarburos no significa que no exista la pobreza en Arabia Saudita. El problema es que medirla es una tarea difícil, porque el reino no publica estadísticas oficiales ni ha definido una línea de pobreza nacional. El Estado proyecta una imagen de prosperidad —ciudades relucientes, grandes proyectos turísticos— y los datos que la matizarían rara vez se difunden. De hecho, hasta 2002 los funcionarios negaban públicamente que existiera pobreza en el país, y durante años evitaron usar la palabra «pobre», sustituyéndola por términos como «familias de bajos ingresos».
Esa opacidad ha tenido consecuencias concretas. En 2011, dos blogueros que publicaron un video documentando las condiciones de un barrio pobre de Riad —capital y ciudad más grande de Arabia Saudita— fueron arrestados y detenidos durante dos semanas. Las pocas cifras disponibles son antiguas y provienen de fuentes parciales: estimaciones de hace más de una década situaban en torno al 20% la proporción de saudíes en situación de pobreza relativa. A esto se suma que buena parte de la población más vulnerable —los millones de trabajadores migrantes— no aparece en estas mediciones, porque no son ciudadanos. La pobreza, en suma, existe, pero permanece fuera del foco oficial.
Esta desigualdad económica en Arabia Saudita se debe a que la riqueza del país se concentra en su familia gobernante. La dinastía Saud tiene unos 15.000 miembros, pero la mayor parte de esa riqueza está en manos de aproximadamente 2.000 de ellos. Es decir, existe desigualdad incluso dentro de la propia monarquía. No hay un dato confiable sobre qué porcentaje de la riqueza nacional concentra la familia, pero lo que sí está claro es que esos 2.000 miembros, en su gran mayoría príncipes, ejercen un fuerte control sobre los recursos públicos y los ingresos de Saudi Aramco.
El fundador del reino de Arabia Saudita, Abdulaziz ibn Saud (también llamado Ibn Saud), que murió en 1953, tuvo decenas de hijos —se calcula que más de 40 varones con múltiples esposas—, y cada uno de ellos tuvo a su vez numerosos descendientes. Por eso la familia llegó a sumar unos 15.000 miembros, y por eso mismo el título de príncipe no equivale a concentrar la riqueza ni el poder: hay demasiados como para que todos lo tengan. El control real se concentra en un círculo mucho más reducido, de unos 2.000 príncipes —los más cercanos al trono—, que ocupan los ministerios, las gobernaciones de provincias, los mandos militares y las posiciones clave sobre el petróleo y los fondos soberanos.
Los 2.000 príncipes son los hijos y nietos directos de los reyes, e incluyen también a ramas colaterales influyentes de la familia (descendientes de otros hijos de Ibn Saud que no llegaron a reyes pero sí ocuparon posiciones clave). Dentro de este grupo de la familia Saud destaca Mohamed bin Salman, conocido por sus siglas, MBS, quien es el príncipe heredero al trono. MBS es el hijo del actual rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz, cuyo reinado empezó en 2015.
En Arabia Saudita, durante casi 70 años el trono pasó de hermano a hermano —todos hijos del fundador del reino, Ibn Saud—, y no de padre a hijo. En 2017, el rey Salman nombró heredero a su propio hijo, Mohammed bin Salman (MBS), desplazando a su sobrino Mohammed bin Nayef, que era el príncipe heredero hasta entonces. El salto generacional se explica en parte por la biología: ya casi no quedan vivos los más de 40 hijos varones que tuvo Ibn Saud, así que la corona está destinada a pasar por primera vez a la generación de los nietos. Pero que el elegido fuera MBS, y no otro de sus primos, respondió a una decisión política del rey para concentrar el poder en su propia rama de la familia.
MBS es considerado una de las personas que más riqueza controla en el mundo, no por su patrimonio personal, sino por el poder que ejerce sobre los recursos públicos de Arabia Saudita. Estos incluyen las reservas del banco central (unos 450.000 millones de dólares), destinadas a sostener la moneda; el fondo soberano o PIF (más de 1,1 billones), que invierte para diversificar la economía; y, sobre todo, la petrolera estatal Saudi Aramco, valorada en torno a 1,7 billones, que es la fuente última de buena parte de ese capital. Asimismo, muchos lo consideran el verdadero gobernante del país, ya que dirige los asuntos del Estado de facto mientras su padre, el rey Salman, de más de 90 años, ha reducido su actividad pública.
La figura de MBS, sin embargo, está marcada por varias controversias de alcance internacional. La más conocida es el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018. Khashoggi, un crítico del gobierno saudí que escribía para la prensa estadounidense, fue asesinado y desmembrado dentro del consulado de Arabia Saudita en Estambul, y sus restos nunca fueron encontrados. La inteligencia estadounidense concluyó que un equipo de quince agentes saudíes viajó a Turquía para ejecutar la operación, y que esta fue aprobada por el propio MBS. El príncipe negó haber ordenado el asesinato, aunque más tarde declaró asumir la responsabilidad por haber ocurrido bajo su gobierno. El caso convirtió, durante un tiempo, a quien se presentaba como un reformador modernizador en una figura señalada por la comunidad internacional.
Otra controversia es la intervención saudí en la guerra de Yemen. En 2015, Arabia Saudita encabezó una coalición militar que lanzó una campaña aérea contra los rebeldes hutíes en el país vecino, en un conflicto que se prolongó durante años y dejó miles de muertes civiles. MBS, primero como ministro de Defensa y luego como líder de facto, ha sido la cara de esa intervención. La guerra contribuyó a desatar en Yemen una de las peores crisis humanitarias del mundo: millones de personas quedaron al borde de la hambruna, sin acceso a servicios básicos y dependientes de la ayuda internacional, en lo que organismos de la ONU describieron como una catástrofe humanitaria de enormes proporciones.
Una tercera crítica, más sutil pero constante, es lo que se conoce como lavado de imagen o sportswashing. Bajo el liderazgo de MBS, Arabia Saudita ha invertido miles de millones de dólares en deportes, entretenimiento y grandes eventos internacionales —a través de su fondo soberano, el PIF, que el propio príncipe preside— con el objetivo de proyectar una imagen moderna y atractiva del país. Para sus críticos, esa estrategia busca desviar la atención de su historial en materia de derechos humanos, presentando una fachada de apertura y glamour que contrasta con la realidad interna del reino.
Otro caso que se destaca dentro de las monarquías árabes es el de los Emiratos Árabes Unidos, considerada la segunda economía más grande del Golfo, después de Arabia Saudita. Este país está estructurado como una federación de siete monarquías —Abu Dabi, Dubái, Sharjah, Ajman, Umm al-Quwain, Ras al-Jaima y Fujairah—, entre las que destacan Abu Dabi y Dubái por su gran poder económico.
A diferencia de Arabia Saudita, donde una sola familia gobierna todo el reino, los Emiratos Árabes Unidos son una federación de siete monarquías. Cada uno de los siete emiratos tiene su propio monarca, llamado emir: un gobernante hereditario que manda sobre su territorio y sus asuntos internos, de modo que el país reúne, en realidad, a siete dinastías distintas. El país cuenta con una constitución, pero esta no limita el poder de los gobernantes como ocurre en las monarquías europeas; el poder real permanece en manos de los siete emires. No obstante, el poder no se reparte de forma equitativa entre los siete: Abu Dabi es el emirato que concentra la autoridad política, por una razón ante todo económica.
Al igual que en Arabia Saudita, en los Emiratos la renta petrolera es la base del poder. El petróleo no pertenece a empresas privadas ni a los ciudadanos, sino al Estado, y es explotado por una petrolera estatal, ADNOC, el equivalente emiratí de Saudi Aramco. Como se trata de monarquías sin un parlamento electo que administre esos ingresos y rinda cuentas, el control de esa riqueza recae directamente en los gobernantes, de modo que el emirato que domina la producción de petróleo es también el que concentra el poder político dentro de la federación.
Ese control está concentrado en un solo emirato, Abu Dabi, cuyo predominio se explica por dos factores que se refuerzan entre sí: el territorio y el petróleo. Abu Dabi ocupa cerca del 87% de la superficie total del país, mientras que el resto de los emiratos se reparten apenas una fracción, y además concentra alrededor del 90% de las reservas de crudo, lo que lo convierte en el emirato más rico y en el que sostiene financieramente al resto de la federación. Esa supremacía económica se traduce en supremacía política, ya que desde la fundación del país en 1971 la presidencia de los Emiratos ha recaído siempre en el gobernante de Abu Dabi, hoy Mohamed bin Zayed, conocido como MBZ.
MBZ es el gobernante de Abu Dabi y, desde 2022, presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Pertenece a la dinastía Al Nahyan y es hijo del jeque Zayed, fundador y primer presidente del país, lo que lo coloca en la línea directa de quien creó la federación. Antes incluso de asumir formalmente la presidencia, ya ejercía el poder de facto durante los años de enfermedad de su antecesor. Es considerado el principal arquitecto del modelo emiratí: un Estado que combina la riqueza del petróleo con una agresiva diversificación económica —del turismo a las finanzas y la tecnología— y una política exterior muy activa. Hoy es una de las figuras más influyentes del mundo árabe.
ADNOC, propiedad del gobierno de Abu Dabi, no cotiza en bolsa, por lo que no publica sus resultados financieros. Solo reportan sus cuentas las divisiones que ha sacado a bolsa, como ADNOC Gas, que registró un ingreso neto récord de 5.000 millones de dólares en 2024. Sin embargo, esa cifra corresponde únicamente al negocio del gas natural; el grueso de los ingresos de ADNOC proviene de la extracción de crudo, una actividad que permanece en manos del Estado y cuyas cuentas no se hacen públicas. Por eso es imposible conocer con exactitud cuánto gana la petrolera en su conjunto. Aun así, es una de las empresas más importantes del sector energético global: gracias a ella, los Emiratos Árabes Unidos producen alrededor de 4 millones de barriles de petróleo diarios, lo que los sitúa entre los diez mayores productores del mundo.
Las pocas divisiones que ADNOC ha sacado a bolsa dan una idea parcial de su escala. La mayor, ADNOC Gas, tiene un valor de mercado cercano a los 70.000 millones de dólares, y otra filial, ADNOC Drilling, ronda los 23.000 millones; juntas, las partes cotizadas suman alrededor de 100.000 millones. Pero esas cifras reflejan solo divisiones concretas —sobre todo el gas y los servicios—, no el corazón del negocio. El grueso del valor de ADNOC está en la extracción de crudo, que sigue en manos del Estado y fuera de bolsa, por lo que el valor real del conjunto se estima muy superior, aunque no exista una cifra oficial.
La familia Al Nahyan, dirigida por MBZ, es considerada la dinastía árabe con mayor poder económico después de los Saud de Arabia Saudita. Al igual que en el caso saudí, se trata de control sobre la riqueza estatal, no de una fortuna personal. Como el poder en Abu Dabi se concentra en la familia gobernante sin contrapesos reales, esta ejerce un fuerte control sobre los activos públicos del emirato, como la petrolera estatal ADNOC y su fondo soberano, la Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), uno de los mayores del mundo, con cerca de un billón de dólares en activos.
Aun así, el patrimonio personal de la familia Al Nahyan, excluyendo la riqueza estatal de Abu Dabi, también se destaca por ser uno de los más grandes del mundo. Los gobernantes de Abu Dabi cuentan con numerosos activos de gran valor por todo el planeta, especialmente en Europa Occidental. Entre ellos sobresalen enormes propiedades y castillos en Francia y en las zonas más exclusivas de Londres, además del club inglés Manchester City —valuado en alrededor de 5.000 millones de dólares y propiedad de Mansour bin Zayed, hermano de MBZ—. A esto se suman cientos de empresas de agricultura, energía, entretenimiento y sector marítimo, agrupadas en sus conglomerados Royal Group e International Holding Company (IHC). La revista Bloomberg estima el patrimonio personal de la familia en unos 300.000 millones de dólares, una cifra aproximada que intenta separar lo privado de los activos del Estado, aunque ambas esferas terminan entremezclándose.
Los Emiratos Árabes Unidos también se destacan por su éxito en la diversificación económica más allá de los hidrocarburos y el petróleo crudo. En 2009, más del 85% de la economía de EAU se basaba en las exportaciones de petróleo, y hoy en día su dependencia del petróleo se encuentra en cerca del 30%. Esta diversificación ha sido impulsada por las finanzas, el turismo, el comercio, la logística, la manufactura y los bienes raíces. Aunque la economía emiratí se ha diversificado, los hidrocarburos siguen aportando la mayor parte de los ingresos del Estado. Más aún, es precisamente la renta petrolera la que ha financiado esa diversificación: el turismo, las finanzas y los megaproyectos que hoy dan otra cara a EAU se construyeron con el dinero del crudo.
-Palm Jumeirah, Dubái. Considerada una de las mayores islas artificiales del mundo, su construcción requirió una inversión estimada de alrededor de 12 mil millones de dólares. Es emblemática por su distintiva forma de palmera.
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Lo más notable de la economía de EAU hoy en día es el sector turístico de la ciudad de Dubái, en el emirato de Dubái, el más visitado de EAU. La ciudad de Dubái se ha convertido en uno de los destinos turísticos más visitados del mundo, con un número de visitantes internacionales de aproximadamente 18 millones al año. Esta cifra la coloca en el top 5 de ciudades más visitadas del mundo, por detrás de Bangkok, París y Londres.
El emirato de Dubái es gobernado por la familia Al Maktoum, también considerada una de las familias árabes más ricas del mundo. Los Al Maktoum controlan prácticamente toda la infraestructura económica de Dubái, pero su cartera es distinta a la de los Al Nahyan: en vez de petróleo y fondos soberanos globales, sus activos están concentrados en comercio, aviación, bienes raíces y turismo. Esta familia está dirigida por el jeque Mohammed bin Rashid, el gobernante del emirato de Dubái, y sus activos globales le dan un patrimonio privado de entre 14.000 y 22.000 millones de dólares, mayormente por sus propiedades en la ciudad de Dubái.
Sin embargo, el patrimonio privado de toda la familia Al Maktoum es imposible de cuantificar con rigor, aunque claramente es menor que el de los Al Nahyan. El Estado de Dubái sigue teniendo mucha riqueza y, al igual que Arabia Saudita y el emirato de Abu Dabi, su familia gobernante también tiene mucho control sobre los recursos públicos de su entidad. La riqueza total controlada por el emirato de Dubái se aproxima a 340.000 millones de dólares, gestionados por el fondo soberano del emirato, Investment Corporation of Dubai (ICD). El ICD no es tan grande como los otros fondos soberanos de Arabia Saudita y Abu Dabi, pero sí destacan varias de sus empresas, como Emirates Airlines, una de las mayores aerolíneas del mundo; DP World, uno de los mayores operadores portuarios y de logística del planeta; y sus participaciones hoteleras (Jumeirah Group, dueño del icónico hotel Burj Al Arab), entre muchas otras.
Buena parte de esa riqueza estatal de los países árabes se guarda en los fondos soberanos, que también son recursos públicos en los países del Golfo y resultan esenciales para comprender la magnitud de lo que controlan estas monarquías, ya que varios de los mayores del mundo pertenecen justamente a estos Estados. Los de Arabia Saudita, Kuwait y Abu Dabi se encuentran entre los más grandes del planeta por activos totales. Actualmente, el mayor del mundo es el fondo soberano de Noruega, con activos de más de 2 billones de dólares. Al igual que los fondos árabes, el de Noruega también se nutre de la renta petrolera —Noruega es uno de los mayores productores de petróleo de Europa—, lo que explica el enorme tamaño de su fondo. Después de Noruega siguen dos enormes carteras de inversión del Estado chino: el State Administration of Foreign Exchange (SAFE), con cerca de 2 billones de dólares, y la China Investment Corporation (CIC), con alrededor de 1,3 billones. Aun así, ninguna otra región concentra tantos fondos soberanos gigantes como el Golfo árabe.
El fondo soberano más grande del Medio Oriente es el del emirato de Abu Dabi, conocido como ADIA (Autoridad de Inversiones de Abu Dabi), con activos de aproximadamente 1,18 billones de dólares, cuyo origen es principalmente la renta del petróleo. Esta enorme riqueza, repartida entre una población local muy pequeña, se traduce en una calidad de vida excepcionalmente alta para los ciudadanos de Abu Dabi, aunque ese bienestar no alcanza a la mayoría de la población, formada por trabajadores extranjeros. Además del ADIA, Abu Dabi cuenta con otros dos grandes fondos soberanos —Mubadala y ADQ (recientemente integrado en el nuevo fondo L’imad)—, que en conjunto suman alrededor de 600.000 millones de dólares.
El fondo soberano de Arabia Saudita también es de similar tamaño al de Abu Dabi y, después de estos dos, sigue el fondo soberano de Kuwait, el Kuwait Investment Authority (KIA), con activos de aproximadamente 1 billón de dólares.
Kuwait también es una monarquía árabe, gran productor de petróleo y miembro de la OPEP, igual que las otras monarquías de Medio Oriente como Catar y Arabia Saudita. Kuwait es uno de los países que más petróleo produce; se encuentra entre los diez primeros del mundo por producción de petróleo, su industria petrolera está nacionalizada y su petrolera, Kuwait Oil Company (KOC), es propiedad del Estado. Aunque produce menos hidrocarburos y tiene una economía más pequeña que Catar o Emiratos Árabes Unidos, su fondo soberano sí se destaca por ser uno de los más grandes del mundo.
Que el fondo soberano de Kuwait sea uno de los más grandes del mundo, pese a su economía pequeña, se debe a que se creó en 1953, lo que lo convierte en el primer fondo soberano de la historia. Aunque el KIA se creó en 1982, su origen se remonta al año 1953, cuando se fundó su antecesora, Kuwait Investment Board (también llamada Kuwait Investment Office), en Londres. Se aprobó una ley en el país que obliga a depositar cada año un porcentaje fijo de todos los ingresos estatales en el Fondo para las Generaciones Futuras (parte del KIA) —tradicionalmente el 10%—, lo que lo ha convertido hoy en día en uno de los fondos soberanos más grandes del mundo.
Pese a la magnitud de ese fondo, su tamaño exacto es difícil de conocer. El KIA gestiona un patrimonio estimado en torno a un billón de dólares, pero —como ocurre con casi todos los fondos de la región— Kuwait no publica oficialmente sus activos, de modo que la cifra es solo una aproximación calculada por analistas externos. Esa discreción es deliberada y tiene incluso un precedente histórico llamativo: cuando Irak invadió Kuwait en 1990, fue precisamente esa reserva de riqueza guardada en el extranjero la que permitió al gobierno kuwaití sostenerse en el exilio y financiar después la reconstrucción del país. El fondo no es solo un ahorro, sino una garantía de supervivencia nacional.
Toda esa riqueza, además, se reparte entre una población muy reducida. Kuwait tiene alrededor de 4,2 millones de habitantes, pero apenas 1,5 millones son ciudadanos; el resto son trabajadores extranjeros. Para los kuwaitíes, esto se traduce en una calidad de vida excepcionalmente alta: servicios públicos, empleo estatal y generosos subsidios financiados por la renta petrolera, sin impuesto sobre la renta personal. Sin embargo, igual que en el resto del Golfo, ese bienestar se concentra en los nacionales y no alcanza a la mayoría extranjera que sostiene la economía. Es la misma paradoja que recorre a todas estas monarquías: una riqueza inmensa, concentrada en unas pocas familias y unos pocos ciudadanos, que convive con la desigualdad que sufren quienes la hacen posible.
Fuentes y referencias
